lunes, 15 de noviembre de 2010

Los corruptos piden el aguinaldo

Cuando en los medios de comunicación hablamos de corrupción siempre apuntamos a los políticos que se dejan corromper, por aquello de que el servidor público la exigencia de honestidad la lleva con el cargo, pero somos bastante laxos con los corruptores, los empresarios que pagan sobornos y mordidas, que son quienes al fin y al cabo se llevan la parte del león, porque quien soborna con cinco es porque se queda con cien. Es como si al empresario le déramos un margen admisible de desvergüenza y admitiéramos que timar, estafar y robar forman parte intrínseca de la actividad empresarial privada.

La última información aparecida en torno al caso Marchelo, en el que están imputados por diferentes delitos urbanísticos y cohecho el ex alcalde de Alhendín, tres ex concejales, el arquitecto municipal y diez empresarios -obsérvese como en la noticia de Radio Granada los políticos aparecen con sus nombres completos y los empresarios solo con iniciales, no sea que por el camino se pierda alguna publicidad-, se refiere a dos de las cinco causas que investiga un juzgado de Santa Fe: la promoción de viviendas Novosur, las vulneraciones de la servidumbre aeronáutica de la Base Aérea de Armilla.

El despacho de Europa Press dice textualmente que "El Ayuntamiento de Alhendín ha recibido una reclamación de la empresa promotora Frai por valor de 20 millones de euros en concepto de un supuesto perjuicio económico debido a la concesión de licencias por el anterior equipo de gobierno para la construcción de 1.200 viviendas en el municipio sin tener en cuenta la servidumbre aeronáutica. Frai proyectó una macroubranización con 23 bloques y 1.200 viviendas al borde de la autovía y en línea recta con la pista de aterrizaje de la Base Aérea desoyendo los avisos del Ministerio de Defensa, los primeros con fecha marzo de 2006, y sus sucesivas desautorizaciones. Las licencias de la urbanización Novosur fueron paralizadas por invasión de las servidumbres de la base aérea".

Es decir que el actual
Ayuntamiento de Alhendín, gobernado por el PSOE, tendría que hacer frente a una reclamación por el engaño que quien reclama, FRAI, la promotora dirigida por Fernando Rodríguez Acosta, pactó con la anterior corporación, gobernada por el PP. De manera absolutamente desvergonzada el presunto sobornante -el juez considera que Rodríguez-Acosta sobornó al ex concejal de Urbanismo Manuel Fernández con un piso en la urbanización Novosur, un pequeño Seseña de bloques en mitad del campo- reclama daños y perjuicios. La zorra pide indemnización a las gallinas por no haberse podido comer todos los huevos que codiciaba.

P
ero es que para hacer aún más patente la cara dura de los Rodríguez-Acosta, hay que recordar que a finales de 2007, tras negociaciones a tres bandas, el ayuntamiento alhendinense, ya presidido por el socialista Miguel Ángel Gamarra, consiguió desbloquear las licencias paralizadas por Defensa. La empresa salvaba todos sus pisos y reconocía que el Ejército llevaba razón costeando con cuatro millones de euros el desplazamiento de la pista de aterrizaje unos cien metros. Una cantidad que quintuplicado su coste solicita ahora la promotora al consistorio.

Y aún llama más la atención la
demencial reclamación si se tiene en cuenta que, como publicaba El País en mayo de 2007 "Las conversaciones intervenidas por los investigadores del caso revelan las irregularidades que Fernández planeó junto al promotor Rodríguez Acosta para solventar las dificultades que entrañaba la altura de los pisos: 'En vez de decir que esto mide 15 metros, no, esto mide 14,20. Vamos a intentar hacer un plano para adaptarlo y ya está', comenta el ex concejal. 'Los militares no van a medir, se la metemos doblada y a tomar por culo', añade. 'Claro, en la vida van a ir a medir', remacha el promotor. Ambos dialogan sobre el riesgo que corren con la operación. El promotor le dice al ex edil que la contestación de Defensa será posterior a las elecciones, pero Fernández prefiere 'no apretar mucho por si sale en la prensa', y concluye que 'los militares tardarán 18 meses en contestar y lo aprobarían por silencio administrativo'". Es decir que el sobornado y el sobornante estuvieron plenamente de acuerdo en engañar al Ejército. Está visto que pertenecer a una familia de rancio abolengo cultural y mecenas de las artes -los Rodríguez Acosta- no le exime a uno de tener el rostro de cemento armado.

Fotos: FRAi, RadioGranada.es y González Molero para Ideal

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